Robert A. Clifford, fundador y socio principal de Clifford Law Offices, quien representa a múltiples víctimas del incidente del 29 de enero que involucró a un helicóptero del Ejército y un avión regional de American Airlines cerca del Aeropuerto Nacional Reagan (DCA), expresó su acuerdo con los sentimientos de la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Jennifer Homendy.
Afirmó: «Es inaceptable que fuera necesaria una tragedia que causó la pérdida de 67 vidas para abordar las antiguas preocupaciones de seguridad en torno al Aeropuerto Nacional Reagan». Además, Clifford se desempeña como abogado principal en el litigio en curso en el Tribunal Federal de Distrito de Chicago en relación con el accidente de un Boeing 737 MAX8 en Etiopía hace seis años.
Durante una conferencia de prensa celebrada hoy (11 de marzo de 2025), Homendy presentó los últimos resultados de la investigación de la NTSB en un informe preliminar. El informe incluía recomendaciones urgentes de seguridad dirigidas a la Administración Federal de Aviación (FAA) en relación con la colisión aérea ocurrida el 29 de enero sobre el río Potomac.
Clifford expresó su profunda preocupación y consternación ante la revelación de Homendy de al menos un incidente extremadamente peligroso cada mes entre 2011 y 2024, lo que resultó en Alertas de Resolución del Sistema de Prevención de Colisiones de Tráfico (TCAS) (comúnmente conocidas como "RA") entre helicópteros y aeronaves comerciales en DCA. Señaló que la FAA y los numerosos operadores comerciales en DCA tuvieron acceso a estos informes durante todo este período, pero que la FAA no tomó medidas para rectificar las circunstancias que provocaron estos cuasi accidentes.
Homendy destacó que el sistema de reporte voluntario ASAP de la FAA registró 15,214 casos de eventos de proximidad cercana (definidos como una separación horizontal de menos de una [1] milla náutica y una separación vertical de menos de 400 pies) entre aeronaves comerciales y helicópteros militares en DCA entre octubre de 2021 y diciembre de 2024. En vista de estos datos y del reciente accidente, declaró que la NTSB ha emitido recomendaciones urgentes de seguridad a la FAA, instando a la prohibición de las operaciones de helicópteros en la Ruta 4 cuando la pista 15/33 esté en uso en DCA. Clifford coincide con esta recomendación de seguridad, afirmando que coincide con su postura desde el accidente.
“Las aerolíneas y la FAA tienen la máxima responsabilidad por la seguridad de los pasajeros”, comentó Clifford. “Evidentemente, este nivel de seguridad no se brindó a los pasajeros del vuelo 5342 de AA/PSA. Dadas las numerosas situaciones de riesgo documentadas en el Aeropuerto Nacional Reagan a lo largo de los años, es un acto de absoluta imprudencia y una profunda falta de conciencia ignorar estas estadísticas durante más de 13 años. Acompañamos en el sentimiento a las familias que perdieron a sus seres queridos en un accidente que claramente era prevenible y podría haberse evitado”.
Clifford Law Offices, un destacado bufete de abogados especializado en aviación con sede en Chicago, fue el primero en presentar demandas preliminares contra la FAA y el Ejército de los EE. UU. el 18 de febrero de 2025, tras la colisión en vuelo del 29 de enero entre un avión regional de PSA con 64 personas a bordo y un helicóptero militar en misión de entrenamiento con tres pilotos a bordo. Además, Clifford Law Offices ha emitido cartas de preservación a American Airlines, su aerolínea regional PSA, así como a Sikorsky Aircraft y Collins Aerospace, para garantizar la preservación de todas las pruebas relacionadas con el incidente aéreo.
El bufete Clifford Law Offices ha presentado el "Formulario 95", requerido por el gobierno, necesario para presentar demandas contra Estados Unidos en virtud de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA, por sus siglas en inglés) por daños materiales, lesiones personales u homicidio culposo presuntamente derivados de la negligencia o las acciones ilícitas de un empleado federal en el ejercicio de sus funciones. Las demandas, que ascienden a 250 millones de dólares, se dirigen a diversas agencias gubernamentales que podrían ser responsables. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) ha indicado que la dotación de personal en la torre de control de tráfico aéreo (ATC) no era la normal durante la colisión nocturna, y se observaron fallos de comunicación entre el ATC y la aeronave implicada. El helicóptero implicado en el incidente era operado por el Ejército y fabricado por Sikorsky Aircraft.
El gobierno debe responder a las demandas en un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación en febrero. Si las demandas son denegadas o no se atienden dentro de este plazo, los demandantes conservan el derecho a interponer demandas ante un tribunal federal de distrito dentro de los dos años siguientes, que serán resueltas por un juez, ya que los juicios con jurado no están permitidos en casos civiles de homicidio culposo contra el gobierno.
Clifford ha indicado que está considerando emprender nuevas acciones legales contra otras partes, incluyendo American Airlines y Sikorsky. Además, Clifford Law Offices ha iniciado una investigación sobre posibles denuncias de negligencia deliberada por parte de las aerolíneas, en particular en relación con los numerosos cuasi accidentes con aviones comerciales y helicópteros que han pasado desapercibidos en el espacio aéreo que rodea el Aeropuerto Nacional Reagan. Las recientes conclusiones de la NTSB refuerzan la preocupación por la negligencia deliberada de los operadores de aviación del DCA en lo que respecta a la seguridad de los pasajeros.
La NTSB es responsable de encontrar la causa probable de los accidentes de aviación.
