Los familiares de las víctimas de los dos accidentes del Boeing 737-MAX8 han enviado una carta a la recién nombrada Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, solicitando una reunión urgente sobre los procedimientos penales en curso relacionados con los incidentes que resultaron en la pérdida de 346 vidas. Además, han solicitado una reunión con el nuevo Secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy.
Paul Cassell, el abogado pro bono que representa a las familias y profesor de la Facultad de Derecho SJ Quinney de la Universidad de Utah, envió la carta hoy (jueves 4 de febrero de 2025) a Bondi, indicando que “… las familias solicitan respetuosamente que revierta el enfoque engañoso de la Administración anterior y ordene a los fiscales del Departamento que presenten al tribunal de distrito todos los hechos relevantes que posee el Departamento”.
Cassell dijo: “Las familias desean consultar sobre los planes del Departamento y, en particular, instar al Departamento a que revele al juez que lleva el caso toda la información relevante relativa al crimen mortal de Boeing”.
La carta destacó que las familias han estado instando al Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) a que tome las medidas adecuadas con respecto a un nuevo acuerdo de culpabilidad que responsabilizaría a Boeing y a sus ex ejecutivos de las acciones criminales que resultaron en dos accidentes aéreos, que se cobraron la vida de 346 personas. Las familias han sido reconocidas como víctimas de delitos en un tribunal federal de conformidad con la Ley de Derechos de Víctimas de Delitos. La carta indicó que el tribunal determinó "que las mentiras de Boeing a la FAA condujeron directa y próximamente a los dos accidentes aéreos".
El juez de distrito de Estados Unidos Reed O'Connor, que preside el caso penal, ha establecido como plazo el 16 de febrero para que la Sección de Fraude del Departamento de Justicia, dentro de la División Penal de Washington, DC, proporcione una respuesta al tribunal en relación con el engañoso acuerdo de culpabilidad alcanzado entre el Departamento de Justicia y Boeing. El juez O'Connor rechazó previamente el acuerdo de culpabilidad inicial el 5 de diciembre.
En 2022, el juez determinó que las falsedades de Boeing representaban el “crimen corporativo más letal en la historia de Estados Unidos”. Además, encontró que el Departamento había infringido los derechos de las familias bajo la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen (CVRA, por sus siglas en inglés) de consultar con los fiscales antes del establecimiento del Acuerdo de Diferimiento de Procesamiento (DPA, por sus siglas en inglés). En una opinión de 12 páginas emitida en diciembre, la jueza O'Connor afirmó que, a pesar de que el DPA tenía como objetivo permitir que Boeing rectificara sus errores, es razonable afirmar que los esfuerzos del gobierno para garantizar el cumplimiento de Boeing durante los últimos tres años han sido infructuosos.
