Si reside en un país donde el acceso a Europa o los EE. UU. es un desafío y desea obtener la ciudadanía estadounidense o convertirse en titular de un pasaporte de Malta con acceso a todos los países miembros de la UE, necesitará tener dinero y ganar la lotería de inmigración en los Estados Unidos o realizar el proceso de inmigración que dura un año.
Los países más pequeños, como algunas naciones del Caribe o del Pacífico, ofrecen ciudadanía por un precio más bajo y acceso a Estados Unidos o Europa.
Malta es miembro de pleno derecho de la Unión Europea. La Naturalización para Inversores Excepcionales (MEIN) permite a quienes invierten más de 600,000 EUR residir en cualquier país de la Unión Europea.
El 29 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia que marca un nuevo hito en la historia del sector de la movilidad de inversores. Con esta sentencia, el programa de Naturalización de Inversores Excepcionales (MEIN) de Malta ha llegado prácticamente al final de su recorrido legal. Como máxima autoridad judicial de la Unión Europea, las decisiones del TJUE son definitivas e inapelables.
Si bien la jurisprudencia no se considera tradicionalmente una fuente directa del derecho en muchos sistemas jurídicos continentales, dentro de la Unión Europea, las sentencias del TJUE tienen una enorme autoridad interpretativa. A menudo sirven como expresión principal de la identidad jurídica y constitucional en evolución de la UE.
El caso presentado por la Comisión Europea contra el programa MEIN de Malta cuestionó una vía de ciudadanía que otorgaba la nacionalidad (y, por extensión, la ciudadanía de la UE) a nacionales de terceros países que demostraran una conexión a través de una serie de requisitos:
- Contribución financiera sustancial al desarrollo económico de Malta de al menos 600,000 EUR, apoyando directamente iniciativas de infraestructura, atención sanitaria y educación.
- Donación filantrópica significativa a organizaciones no gubernamentales maltesas registradas que atienden necesidades sociales críticas
- Sometimiento a un sistema de investigación exhaustivo, que incluye diligencia debida de varios niveles y procesos ALD que superan los estándares internacionales
- Completar un período mínimo de residencia de 12 meses en Malta
- Prueba verificable de presencia física y domicilio en Malta
El efecto acumulativo de estos requisitos describe un camino deliberado y selectivo hacia la ciudadanía maltesa.
El profesor Dimitry Kochenov, destacado experto en derecho de ciudadanía de la UE, ha abogado por reimaginar la ciudadanía como un estatus legal que adopte una comprensión más amplia e inclusiva de la pertenencia. Aboga por un marco que reconozca las diversas conexiones con el Estado, superando las definiciones rígidas basadas en la etnia o el lugar de nacimiento. Esta visión se reflejó en el programa MEIN de Malta, que, en consonancia con las recomendaciones previas de la Comisión Europea, implementó un nuevo marco legal y procesal precisamente para fomentar vínculos genuinos entre los solicitantes y el Estado.
Es importante abordar la implementación de esta sentencia con perspectiva. El ordenamiento jurídico europeo se basa en la seguridad jurídica y la confianza legítima. Las personas que participaron en el programa de buena fe, bajo un régimen legalmente establecido, tienen derechos e intereses que deben considerarse en cualquier transición.
Para Malta, en particular, uno de los imperativos jurídicos más inmediatos es garantizar la seguridad jurídica y proteger las expectativas legítimas de las personas que solicitaron el programa MEIN de buena fe. Estos solicitantes se acogieron a un régimen legalmente establecido y tomaron decisiones personales y financieras importantes basándose en las garantías y los marcos jurídicos vigentes. Por consiguiente, la eliminación gradual del programa MEIN debe incluir salvaguardias para garantizar que sus derechos sean respetados por los principios jurídicos de la UE.
Global Citizen Solutions, una empresa con fines de lucro dedicada a vender ciudadanías, dio un paso al frente y protestó contra este fallo judicial y está luchando para minimizar las consecuencias.
La UE y Malta deben salvaguardar y defender la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de todos los solicitantes actuales mediante:
- Protección de las expectativas legítimas: Los solicitantes que presentaron solicitudes completas y conformes antes de la sentencia del TJUE pudieron completar el proceso con arreglo al marco jurídico anterior. Esto respeta el principio de confianza legítima, ya que actuaron de buena fe en un sistema legal. La jurisprudencia del TJUE ha confirmado reiteradamente el derecho de los particulares a invocar los regímenes jurídicos vigentes en el momento de sus acciones (p. ej., asuntos acumulados C-110/03 y C-147/03, Bélgica contra la Comisión).
- Implementar un período transitorio con garantías jurídicas claras: Implementar una fase de transición formalmente definida, durante la cual se elimine gradualmente el sistema MEIN, pero los casos pendientes se tramiten conforme a normas claramente definidas y comunicadas públicamente (artículo 41 del CFR sobre el derecho a una buena administración).
No implementar las salvaguardias que garanticen la seguridad jurídica y los derechos fundamentales durante la retirada gradual del programa MEIN podría vulnerar principios fundamentales del Derecho de la UE, con posibles consecuencias jurídicas y reputacionales graves. En particular, denegar a los solicitantes el derecho a ser escuchados o el acceso a recursos legales contravendría los artículos 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CFR), que garantizan el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
De igual manera, no indemnizar ni restituir a quienes invirtieron bajo un régimen legalmente establecido podría vulnerar el principio de proporcionalidad, reconocido en la jurisprudencia del TJUE (p. ej., Asunto C-201/08, Plantanol). Rechazar las solicitudes de forma generalizada sin evaluaciones jurídicas individualizadas socavaría los principios de equidad y no discriminación. Al mismo tiempo, la ausencia de supervisión parlamentaria o judicial plantearía serias preocupaciones en cuanto a la transparencia y el Estado de Derecho, consagrados en el artículo 2 del TUE.
Como alternativa, Malta podría adoptar la audaz medida de declarar la sentencia del TJUE ultra vires (lo que significa que el Tribunal ha actuado más allá de su autoridad legal). De este modo, Malta afirmaría que, en virtud de los tratados fundacionales de la Unión Europea, las decisiones relativas a la adquisición y pérdida de la nacionalidad siguen siendo competencia exclusiva de la soberanía de los Estados miembros, protegidas de la intervención supranacional.
Con ello, Malta no sólo cuestionaría el efecto jurídico inmediato de la sentencia, sino que también defendería el equilibrio constitucional establecido en el marco de la UE.
Tal declaración indicaría que Malta no reconoce la autoridad de la Corte para dictar sentencias en materia de nacionalidad y que buscaría preservar su prerrogativa soberana. Sin embargo, esta medida inevitablemente desencadenaría procedimientos de infracción y costaría la reputación, además de ganar tiempo valioso para maniobras políticas y jurídicas internas.
El Programa de Residencia Permanente de Malta (MPRP) no se verá afectado.
Es importante señalar que el Programa de Residencia Permanente de Malta (MPRP) no se ve afectado en absoluto por la sentencia del TJUE. A diferencia del programa MEIN, el MPRP solo otorga la residencia permanente y, por lo tanto, opera dentro de un marco legal diferente que sigue vigente. Si bien los programas de residencia en toda la UE se enfrentan a un creciente escrutinio regulatorio para garantizar su conformidad con los protocolos de seguridad y los valores fundamentales europeos, siguen siendo vías legales legítimas y diferenciadas que se enmarcan plenamente en las competencias soberanas de los Estados miembros en materia de derechos de residencia: una iniciativa de pago.
Más allá de Malta: un momento federal en ciernes
La trascendencia de esta decisión trasciende a Malta y a cualquier programa específico. Aborda dos cuestiones fundamentales del proyecto europeo: los límites de la soberanía nacional y el surgimiento del federalismo funcional.
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